Familia de Yostín Peralta no aceptará menos de 30 años para su violador y asesino, dice su abogado

(Fuente externa)

Familia de Yostín Peralta exige pena máxima de 30 años para el imputado

SANTO DOMINGO ESTE.— “No aceptamos un año menos de los 30”, declaró ayer el abogado Jorge Luis Lorenzo, representante de la familia de Yostín Peralta, el niño de 10 años raptado, violado y asesinado el pasado 27 de septiembre. Lorenzo anunció que solicitará que el caso sea tipificado como homicidio agravado, delito que contempla la pena máxima de 30 años de prisión.

Este miércoles, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conocerá la medida de coerción contra José Antonio Glass, señalado por el Ministerio Público como responsable del crimen. El imputado reside en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, y cuenta con antecedentes: en 2009 cumplió 15 años de prisión por atacar a otro menor.

El jurista Lorenzo enfatizó la necesidad de implementar en el país un registro de agresores sexuales, similar al que se utiliza para los deportados, para corregir deficiencias actuales y proteger a la sociedad.

En el mismo sentido se pronunció Francisco Rodríguez, coordinador ejecutivo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), quien calificó como urgente la creación de un sistema formal de registro que pueda ser consultado por autoridades, medios y ciudadanía, advirtiendo que el país solo maneja actualmente un subregistro interno en el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Rodríguez aclaró que muchos procesos aún se encuentran en instancias superiores y no constituyen sentencias definitivas, lo que impide alegar reincidencia en juicio sin vulnerar derechos fundamentales, tal como lo respaldan decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional.

El Ministerio Público sostiene que su expediente es sólido, con registros de cámaras de videovigilancia, testimonios de familiares y vecinos, y evidencia material como prendas y objetos personales del menor. En la solicitud de prisión preventiva se argumenta que existen riesgos de fuga y de obstrucción del proceso, además del antecedente criminal del imputado.

La calificación jurídica provisional del caso contempla la violación de los artículos 295 al 298 y 302 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 136-03 sobre protección a menores de edad, buscando garantizar justicia por el brutal crimen que conmocionó al país.