Trabajo arduo para el PE con cúmulo de leyes

El Ejecutivo evalúa varias leyes claves aprobadas por el Congreso, como la del Ministerio de Justicia, residuos sólidos y contrataciones públicas. Debe decidir su promulgación o posibles observaciones en el marco constitucional, mientras se espera la postura sobre el nuevo Código Penal y causales del aborto.

Santo Domingo.– La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene una intensa tarea en estos últimos días de la legislatura, debido a la gran cantidad de leyes remitidas por el Congreso Nacional, que deben ser analizadas rigurosamente para decidir su promulgación o posible observación, conforme a los plazos establecidos en la Constitución.

Las iniciativas aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados llegan al órgano gubernamental dirigido por Antoliano Peralta, con el riesgo de que sean devueltas o sometidas al Tribunal Constitucional (TC) si no se ajustan a la Carta Magna, como ha sucedido en ocasiones anteriores con leyes como la que crea la Dirección Nacional de Inteligencia o la de Facturación Electrónica.

Entre las piezas legislativas que ahora están en manos del Ejecutivo figuran la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, la reforma de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y la Ley de Contrataciones Públicas, todas aprobadas en las últimas semanas del período legislativo y que han suscitado críticas y debates tanto en sectores sociales como dentro del mismo Congreso.

La Constitución establece que el Ejecutivo tiene un plazo de diez días (cinco si la ley fue declarada de urgencia) para observar las leyes, devolviéndolas al Congreso con las objeciones pertinentes. Si la legislatura está próxima a concluir, ese plazo se extiende y la discusión puede continuar en la siguiente.

En caso de observar una ley, el Congreso cuenta con dos legislaturas ordinarias para decidir sobre esas observaciones; de no hacerlo, se entenderá que el Ejecutivo aceptó el texto.

En particular, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, que busca fortalecer el sistema judicial y reorganizar la Procuraduría General de la República, fue objetada por legisladores de la Fuerza del Pueblo, señalando que vulnera varios artículos constitucionales.

Respecto a la reforma sobre residuos sólidos, que incluye nuevas definiciones, atribuciones y la creación de un fideicomiso, ha generado divisiones entre empresarios, con preocupaciones sobre su impacto en las pequeñas y medianas empresas.

La reforma a la Ley de Contrataciones Públicas también enfrenta cuestionamientos constitucionales, y el Ejecutivo deberá evaluarla con detenimiento.

Además, el Ejecutivo deberá conocer la modificación de artículos de la Ley 176-07, que regula la sucesión en cargos municipales, estableciendo reglas claras para alcaldes, vicealcaldes y demás funcionarios municipales, un complemento a la Constitución de 2024.

Finalmente, la legislación que crea el nuevo Código Penal acapara la atención nacional, especialmente por la polémica en torno a las causales del aborto, tema que ha sido motivo de observación en reformas anteriores por expresidentes, y que genera expectación sobre la postura que adoptará el presidente Luis Abinader.

En este último tramo legislativo, el Poder Ejecutivo debe equilibrar el respeto a la Constitución con la necesidad de dar curso a importantes reformas, en un contexto donde la legalidad y la política convergen de manera decisiva.

Fuente: Paulino, A. (2025, 25 de julio). Trabajo arduo para el Poder Ejecutivo con cúmulo de leyes. El Caribe. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/trabajo-arduo-para-el-pe-con-cumulo-de-leyes/